Ley del cine de Catalunya: el debate del hipercubo imposible

Los cines catalanes están convocados a un paro de 24 horas el próximo 1 de febrero, en protesta por la nueva ley del cine de Catalunya, que establece la obligatoriedad de doblar al catalán el 50% de las copias de las películas no españolas ni catalanas ni europeas que se estrenen en territorio catalán (siempre que su número sea superior a 14). Eso significa que títulos como Ágora (2009) tendrían que estrenarse con 14 copias para evitar la obligación legal de doblaje al 50%, y lo mismo sucedería con los éxitos de Hollywood. O lo que es lo mismo: en las 14 principales ciudades de Catalunya se podrían estrenar estas películas (una sala por ciudad), y el resto tendría que programar películas catalanas, españolas, europeas o cine en versión original subtitulada.

Lo primero que me sorprende es el encendido debate entre particulares (echa una mirada a los encolerizados foros que montan los lectores de los diarios electrónicos de dentro y de fuera de Catalunya): se enfrentan quienes consideran que es una intolerable injerencia en un mercado libre y los que opinan que, al igual que en otros ámbitos de la cultura y de la vida cotidiana, el catalán y el castellano ya comparten la comunicación hablada y escrita. Este debate no destaca precisamente por sus niveles de respeto y educación al adversario (apelaciones al territorio, persecuciones históricas, agravios comparativos, apocalípticas advertencias, marcianas teorías lingüísticas, insultos, alusiones personales, estupideces), ni por sus aportaciones ordenadas y/o argumentadas.

Los medios de comunicación del resto de España se centran obsesivamente en la obligación de doblar al catalán, ya que les parece inconcebible que se haga por decreto (cuando el cine europeo se ha igualado al autóctono también por decreto). Desde Catalunya (excepto la parte de la población que actúa y piensa como si no viviera en ella) se defienden argumentando que el catalán está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana y el cine no va a ser una excepción. Por este lado, el debate no sale del terreno político-sentimental; así que no cabe esperar demasiada serenidad ni claridad.

Los distribuidores y exhibidores catalanes están acojonados por las previsibles repercusiones que estas medidas tendrían sobre un negocio que va a la baja debido a una suma de factores de difícil modificación: cambio de costumbres, impasse de digitalización audiovisual, oligopolio de facto del cine estadounidense, empobrecimiento de la diversidad temática y genérica de los estrenos... Y dejo explícitamente fuera de la lista las descargas, porque su popularidad demuestra (y asumiendo que siempre habrá un segmento que NUNCA estará dispuesto a pagar por ningún evento cultural de ninguna clase) hasta qué punto hay una demanda latente de estrenos en línea que el lado de la oferta no sabe o no quiere satisfacer. Como les va el negocio en ello, el colectivo afectado se revuelve echando mano de todo lo que suene a injerencia, desastre o catástrofe.

Los distribuidores y exhibidores españoles están indignados ante lo que consideran un arancel lingüístico que amenaza el libre comercio y augura un descenso de los ingresos. Son incapaces de ver más allá, ni quieren saber nada más. A las majors estadounidenses se la trae floja el conflicto, puesto que las normas del mercado mundial las dictan ellos.

El público, por su parte, reacciona en la intersección de tres coordenadas, una de los cuales es completamente ajena al ámbito cinematográfico y, por tanto, distorsiona todo intento de generalizar: el tipo de cine que prefiere, su hábito de asistencia a salas comerciales y el dominio de los idiomas cooficiales de Catalunya. Para los que se limitan a ver los taquillazos de turno del cine estadounidense, en igualdad de dominio de ambas lenguas, el problema les parece bizantino (y más teniendo en cuenta que desde hace un cuarto de siglo la cadena autonómica catalana emite cine doblado al catalán). Quienes se expresan mayoritariamente en una única lengua aprovechan este debate para atizar con fuerza su propia opción. Para los que prefieren el cine subtitulado, el idioma les resulta indiferente, puesto que lo suyo es el cine en versión original, como debería ser en un mundo perfecto.

Con semejantes mimbres, ¿qué debería pesar más en la industria: la coherencia de un mercado bilingüe aun a costa de un severo reajuste a la baja o la renuncia a intervenir ante un anunciado cambio de modelo que no acaba de concretarse? ¿Y en el público? ¿Una histórica aspiración de cine en catalán por coherencia social o la pataleta del segmento monolingüe de ambos bandos que defiende su escenario con uñas y dientes? En un mundo abocado a los estrenos en línea personalizables desde el comedor de casa el idioma de la película es una opción más perdida en un mar de posibilidades.

Personalmente, ni el catalán ni el castellano me suponen un obstáculo; mis hábitos de consumo cinematográfico no se van a ver modificados por un subtitulado o un doblado en uno u otro idioma; pero esta es mi opción, y hay tantas como espectadores. Yo no hago las normas, sólo las disfruto. En la práctica, el efecto indeseable de esta medida legislativa es que reducirá a la mínima expresión el cine comercial de Hollywood en la cartelera catalana, y de paso arrojará a los espectadores contra las redes de descarga. Puede que sea culturalmente sano, pero económicamente desastroso. El público recurrirá a estas vías alternativas para acceder al cine que quiere en el idioma que prefiere, saltándose todas las leyes habidas y por haber (como ha sucedido con la televisión por satélite, que ha pulverizado el concepto de televisión nacional/idiomática). Cuando la industria decida apostar por un canal de estrenos simultáneos en salas y en Internet lo único que pasará es que saldremos ganando como consumidores. Mientras llega ese momento me reiré leyendo los comentarios de la gente y asistiré impasible al hundimiento de un modelo de negocio del cual sus representantes son parcialmente responsables.